El Protocolo de Kyoto fija las medidas de acción para contener las emisiones. Asimismo regulan el papel de los sumideros, la forestación, reforestación y deforestación y los cambios del uso de la tierra.
El Protocolo de Kyoto entró en vigor el 16 de febrero de 2005, noventa días después de la ratificación por parte de Rusia, que tuvo lugar el 18 de noviembre de 2004.
El Protocolo de Kyoto, en una primera fase, no obliga a los países en desarrollo, dadas su reducidas emisiones por habitante. Los países industrializados, con un 20% de la población mundial, son responsables de más del 60% de las emisiones actuales, y de la práctica totalidad de las emisiones históricas.
La Unión Europea ha sido siempre uno de los más fieles defensores de Kyoto y no ha esperado a que el Protocolo entrara en vigor para implantar su propio régimen sancionatorio y el mercado europeo de emisiones.
En España, el Consejo Nacional del Clima asesora al Gobierno sobre la política referente al cambio climático y sobre las estrategias de respuesta.
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